En la sede de la Casa del Senado del departamento San Lorenzo se llevó a cabo un sentido homenaje a Alberto Perassi y Alicia Ostri, los padres de Paula Perassi, la joven desaparecida el 18 de septiembre de 2011 y de la que desde ese momento nada se sabe, incluyendo la realización de un juicio que en un fallo plagado de polémicas no halló responsable alguno entre cuatro civiles y cinco policías acusados.
En la oportunidad dialogamos con Alberto, quien señala por un lado su impotencia por esta lucha que lleva tanto tiempo para saber dónde está su hija pero por otro lado sostiene que llevará la misma hasta las últimas consecuencias. Asimismo sostuvo que desde el Estado nadie le ha brindado el apoyo suficiente para lograr una resolución efectiva.
También compartimos la palabra del senador provincial Armando Traferri, quien también apuntó a la ausencia del Estado en este hecho como así también el aberrante hecho que significa la desaparición de una persona aún más en plena democracia.
Por estas horas, un tribunal integrado por los camaristas Salvador, Hernández y Beltramone revisa el fallo del tribunal de Primera Instancia integrado por Griselda Strologo, Mariel Minetti y Álvaro Campos quienes dictaminaron la absolución de los nueves acusados debido a «la debilidad de la carga probatoria en todos los casos”.
La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, Mirta Ruñisky (acusada de practicar la interrupción del embarazo) y Antonio Díaz, empleado de Strumia, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aborto sin consentimiento seguido de muerte en calidad de coautor y en concurso real. En el mismo orden exigió la pena de 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación como funcionario público para el ex jefe de Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Daniel Puyol, por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole, agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de autor; y 10 años de cárcel e inhabilitación para funciones públicas para los agentes policiales Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, en el mismo orden.
.
